18 de septiembre de 2020 |
DEFENSORA DEL PUEBLO
La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó al presidente Luis Abinader ponderar la conveniencia de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíba y penalice con multa y prisión los actos de venta, arrendamiento, hipoteca o cualquier otra forma de negocio con las viviendas adjudicadas por el Estado a familias necesitadas.
Planteó que esa penalización debe imponerse tanto a los beneficiarios de los inmuebles como a los terceros que realicen esos negocios.
“No es justo que del presupuesto nacional, alimentado a su vez con los impuestos que pagamos todos los dominicanos, se construyan grandes proyectos habitacionales para beneficio de la población más empobrecida, resultando al final en fraudes contra el Estado y el pueblo mismo, debido a la práctica de muchos adjudicatarios de realizar los negocios arriba señalados, para luego volver a las márgenes de los ríos, arroyos y cañadas, creando y manteniendo grandes cinturones urbanos de miseria”, señaló Martínez Guante.
En la misiva, Martínez Guante expone que los fenómenos naturales que se presentan durante la temporada ciclónica son un triste recordatorio periódico de la necesidad de imponer orden y un régimen de consecuencias contundentes contra la construcción de casuchas a las orillas de ríos, arroyos y cañadas, que al desbordarse arrasan con todo lo que encuentran a su paso, dejando muerte, angustia y desolación.
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