La respuesta a la interrogante la dieron varios expertos en la materia: «Los vehículos que sean propiedad de los órganos públicos deben portar placa oficial, conforme al artículo 163 de la Ley número 63-07, que prohíbe en su artículo 189.1 conducir vehículos de cualquier tipo sin matrícula ni placa», opinó Julio Cury, reconocido jurista. Y añadió: «A su vez, el artículo 165 exige que la placa delantera y trasera estén ubicadas en lugares visibles».
Sin embargo, a juicio del también abogado Bunel Ramírez, quien entiende que un fiscal, igual que cualquier ciudadano, no está autorizado a transitar con un vehículo sin documentación ni placa porque es contrario a la ley, «una vez identificado el funcionamiento en falta, los protocolos policiales deben ser distintos en razón de que generalmente esos vehículos tienen características de oficiales, porque son o han sido parte de procesos penales y se encuentran en poder del Ministerio Público.
Ramírez consideró que los policías debieron limitarse a rendir un informe a sus superiores y éstos a su vez tramitarlo a las autoridades de la fiscalizadora para que procedan legalmente.
Una tercera opinión del también jurista Whenshy Wilkerson, que coincide con sus colegas consultados por este diario, puntualiza que el incidente como el que protagonizaron la fiscalizadora y los uniformados «es una práctica de los mismos policías, de fiscales y agentes de la Digesett (Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre), que usan vehículos sin placas porque creen que el poder está en su puesto y no en la ley».
Wilkerson dijo además que la Policía debió requerirle identidad a la funcionaria del órgano acusador y procedía una disculpa sin exponer al público las «debilidades del sistema».
No hay comentarios:
Publicar un comentario